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UN CONFLICTO DE IMPLICACIONES GLOBALES

Por Nieves Campos*

Publicado originalmente el 15/07/2024 en El Mundo FInanciero




La reciente imposición de medidas provisionales, de entre 18 y 38%, por parte de la Unión Europea (UE) sobre los vehículos eléctricos (EV) fabricados en China ha desencadenado un nuevo conflicto comercial. El 9 de agosto, el Ministerio de Comercio chino anunció a través de su sitio web que había presentado una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuestionando estas medidas. Desde la perspectiva china, esta acción de la UE no solo es injusta, sino que también contraviene los principios del libre comercio que la OMC busca proteger, alegando que la UE carece de una “base fáctica y jurídica sólida”. Para Pekín, el asunto trasciende la mera defensa de sus exportaciones para abarcar la protección de su reputación y su rol en el comercio internacional.


China podría esgrimir varios argumentos ante la OMC para defender sus intereses frente a lo que considera un agravio proteccionista no justificado. Defenderá que los subsidios son una parte de su política integral, diseñada para acelerar la transición hacia energías limpias, un objetivo que compartido con la Unión Europea. Son ayudas comparables a las que otros países, incluida la UE, proporcionan a sus industrias tecnológicas y energéticas. Defenderá Pekín que estas políticas son necesarias para poder alcanzar los objetivos de disminución de emisiones netas de dióxido de carbono, y conseguir cumplir los compromisos adquiridos en materia de acción climática. Enfrentarse al cambio climático es un desafío global que requiere innovación y producción a gran escala. 


Para la UE, los vehículos fabricados en China representan una amenaza porque compiten en precio, dificultando la competencia y poniendo en riesgo el empleo en la industria automotriz europea. Sin embargo, la competencia de estos vehículos asequibles puede impulsar la innovación y beneficiar al consumidor europeo. China sostiene que los aranceles o medidas compensatorias son desproporcionados y argumenta que representan proteccionismo para excluir del mercado europeo a competidores que ofrecen productos asequibles de alta calidad, desafiando la percepción de que los productos chinos son de calidad inferior. Este proteccionismo no solo contradice las reglas del comercio global, sino que también perjudica directamente al consumidor europeo, que enfrentará precios más altos a medida que los stocks se agoten y sean reemplazados con productos gravados con nuevas tasas.


China también puede argumentar que este incidente no es aislado, sino parte de un patrón de la UE para limitar la competencia de productos chinos en su mercado, similar a lo ocurrido en 2012 con los paneles solares. En aquella ocasión, las partes llegaron a un acuerdo que eliminó los aranceles a cambio de un precio mínimo de importación y un límite en el volumen de exportaciones, vigente hasta 2018. Este conflicto y su resolución ilustran las dificultades para equilibrar las políticas de comercio justo con los objetivos de sostenibilidad y transición energética, revelando la interdependencia económica y tecnológica entre las regiones.


 Los aranceles actuales provocan un aumento en los precios de los vehículos eléctricos en Europa, afectando al consumidor que busca opciones asequibles para reducir su huella de carbono. Esto puede generar inflación en un momento de sensibilidad a los aumentos de precios y afectar otros sectores debido a la reducción del gasto disponible para otros bienes y servicios. La medida proteccionista puede terminar perjudicando a los productores dentro de la propia UE que se pretendía defender.


Tras la presentación de la queja formal ante la OMC, comienza un proceso que puede prolongarse varios años. Se llevarán a cabo consultas entre las partes, en un intento de resolver la disputa amistosamente. Si esto no se logra, el caso pasará a un panel de expertos que emitirá un fallo preliminar, susceptible de apelación, lo que podría prolongar el conflicto. Durante este tiempo, las negociaciones entre China y la UE pueden seguir buscando una solución propia para evitar una escalada en la guerra comercial que no beneficia a ninguna de las partes. Si no se alcanza un consenso, es probable que Pekín solicite imponer aranceles a productos europeos importantes para el mercado chino, afectando otros sectores clave de la economía europea.


El resultado no solo definirá el futuro de las relaciones comerciales entre China y la UE, sino que también enviará un mensaje contundente sobre la dirección que tomará el comercio global en las próximas décadas. De no llegar a un acuerdo voluntario entre las partes, un fallo favorable a China podría reafirmar el derecho de los países a subsidiar sectores estratégicos en nombre del interés público, mientras que un fallo en contra podría obligar a Pekín a reconsiderar sus políticas industriales. La batalla legal no se trata solo de proteger a los fabricantes de automóviles eléctricos chinos o europeos, sino de asegurar que el comercio global siga siendo justo y equitativo, beneficiando tanto a los productores como a los consumidores en todo el mundo.


-Este artículo ha sido publicado en El Mundo Financiero. Puedes consultar el original aquí.


*Nota: Las ideas contenidas en las publicaciones de Cátedra China o de terceros son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento de esta Asociación.

 

 

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